Mucho se ha cuestionado, y con razón, sobre el “des- informe” de la Comisión Investigadora sobre los Sucesos de Bagua. Que es un informe sesgado porque evade por completo las responsabilidades del Estado en el conflicto amazónico, que el informe califica a los hermanos nativos como un grupo humano manipulable que desarrolla una lucha sin criterio propio, y que además busca responsabilizar políticamente a la oposición para seguir manteniendo la farsa democrática del Gobierno aprista. Por lo tanto se trata de un informe que no cumplió con la finalidad para la que fue creado: comprender los orígenes del conflicto, y que esta comprensión arroje conclusiones que aporten a la solución del problema de fondo: la existencia de un Estado segregador.
Muchos ya sabíamos que la Comisión estaba encaminada al fracaso en la búsqueda de la verdad de los sucesos de Bagua por la fuerte presión del Gobierno aprista, que desde su inicio se ha evidenciado como un Gobierno pro impunidad que ha reafirmado la continuidad de una política de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de toda persona, que ha ratificado su compromiso para con un modelo económico que excluye a las mayorías, es decir, un modelo que se diseñó en contra de la voluntad de los pueblos y a favor de los intereses de unos pocos que quieren el control de todo.
Pero es muy importante hacer una reflexión más profunda sobre las implicancias que ha tenido la continuidad de las políticas represivas como las que García viene aplicando desde que asumió el poder - no olvidemos que Bagua es solo uno de los puntos álgidos de toda una serie de conflictos que el Gobierno y la clase política no ha sabido ni ha querido resolver-, a través de una serie de recursos legislativos.
Con todo esto, es lógico de nuestros hermanos indígenas no se sientan representados, incluidos o considerados por el Estado. Todo lo contrario, se sienten perseguidos, estigmatizados y criminalizados hasta el día de hoy. Y lo más lamentable es ver como se siguen repitiendo las violaciones a los DDHH a vista y paciencia de una clase política hipócrita y mentirosa.
Hace algunos meses, a un año más de la masacre de Putis, en una entrevista a unos hermanos campesinos sobrevivientes se transmitía el sentir de nuestros hermanos que decían: “nosotros no somos nadie para el Estado, no existimos, por eso pasó lo que pasó”. Testimonios similares se pueden empezar a recoger en las zonas del reciente conflicto amazónico.
Muchos dicen que los años de violencia política se acabaron, y si bien es cierto que ya no vivimos lo que pasó a lo largo de esos 25 años de guerra interna, definitivamente las decisiones políticas que hasta hoy se toman nos recuerdan que todavía las causas que originaron ese doloroso conflicto siguen vigentes, lastimando a muchos peruanos y peruanas de diferentes etnias, creencias, condiciones; y que no permiten que la herida sane.
Todo esto hace de suma importancia que agotemos nuestros esfuerzos para que la historia que escribe el Estado con sus malas prácticas día a día no se repita, debemos hacerlo no solo evocando esa frase, sino materializándolo con una lucha incesante y sostenida por una vida más justa, más igualitaria y más digna, por los que dieron y dan su vida por defender sus derechos más fundamentales, en memoria de los que hoy ya no están, y en reconocimiento a los que seguimos en pie.
Colectivo Tierra InSurGenteENTREVISTA al
Dr. Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH:
El Dr. Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH comparte con nosotros su opinión en una entrevista que le hicimos sobre Bagua y las consecuencias del conflicto en la población.
COMISEDH ha sido una de las instituciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos que asumió a pedido de AIDESEP el caso de uno de los dirigentes indígenas procesados por los hechos sucedidos en la curva del diablo, así como de otros nativos en Bagua.
El Dr. Campos es una de las muchas personas que rechaza el informe de la comisión investigadora por considerarlo sesgado y por no mostrar voluntad para señalar a los verdaderos responsables del conflicto del 5 de junio.
¿Dr. Gustavo Campos, cuál sería su balance sobre el informe de la comisión investigadora de los hechos en Bagua?
Bueno creo que muchos coinciden en que es un informe bastante sesgado. Desde el momento en que las dos personas que conocen mejor el tema de los nativos, el coordinador de la mesa y la hermana Gómez Calleja, retiran la firma del informe creo que eso ya da mucha duda. Y finalmente de las conclusiones del informe, las recomendaciones del informe se entiende que el Estado no asume ninguna responsabilidad, sino que traslada la responsabilidad a los propios nativos, a los dirigentes sindicales de la zona, a la iglesia católica y bueno como siempre a los organismos de derechos humanos aquellos que habríamos instigado, que habríamos azuzado a los nativos que, a ellos finalmente los hacen aparecer como si fueran personas manipulables… Entonces nosotros creemos que hay un tema de bastante sesgo político un poco para evitar que la responsabilidad de estos hechos no recaigan sobre los dirigentes políticos de ese entonces, Mercedes Cabanillas, la actual ministra de Economía, Yehude Simons y los mismos generales de la policía que finalmente son quienes son responsables, desde nuestro punto de vista, directos de estos hechos.
¿Desde el 5 de junio hasta la fecha, en el plano legislativo qué cambios ha habido que hayan beneficiado a las comunidades en cuanto a sus demandas desde ese entonces?
Bueno lo único que ha hecho el gobierno después de todos estos hechos es dejar sin efecto dos decretos legislativos que eran los más cuestionados, pero se supone que para discutir y debatir el tema de la legislación que perjudicaba a las comunidades nativas se establecieron estas mesas de diálogo, pero hasta ahora no tenemos el resultado de estas mesas… Ahí para nosotros hay un tema que nos parece crucial que es el tema de la consulta. Eso no se ha tocado mucho, la única institución que ha propuesto una norma para que se discuta el tema de la consulta es la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo ha desarrollado el derecho a la consulta en un proyecto de ley, que no sabemos en qué ha quedado…. Sino se resuelve el tema del derecho a la consulta, creo que vamos a estar en lo mismo. Lamentablemente estamos peor que el 5 de junio, inclusive las normas que han entrado en vigencia, son las normas que dictó Fujimori, que son mucho más complejas que las que han dejado sin efecto. Estas normas han entrado en vigencia mientras se resuelve el problema. Entonces no hay ningún avance, no hay decisión política para resolver este tema. Y yo entiendo que los nativos están muy molestos porque sienten que una vez más como vulgarmente se dice, los están paseando. Como fue antes del 5 de junio. Ojala que no se vuelva a convocar un nuevo paro amazónico ni tengamos las consecuencias que hemos tenido.
Es lamentable que el gobierno no aprenda…
No quiere, no tiene decisión política para resolver esta situación… no tiene interés.
Vamos a la gente, alejándonos de AIDESEP, de las distintas instituciones, organizaciones, hablando de la gente de las zonas… en su imaginario ¿cómo quedan ellos y su relación con el Estado? Nuevamente es nula.
Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos dirigentes nativos que no necesariamente pertenecen a AIDESEP pero sí representan a las comunidades. Ellos se sienten una vez más defraudados. Para ellos el Estado no les hace caso simplemente. Ellos creen que el Estado no los reconoce. Para el Estado no existen las comunidades nativas, salvo cuando hay problemas. Entonces hay un desazón, hay una desconfianza de lo que pueda hacer el Estado nuevamente. Por eso es que muchos nativos que están siendo procesados no se quieren poner a derecho porque no confían en la justicia.
Ahora con la detención del señor Asterio peor aún. Ellos han cerrado toda relación con el mundo occidental, se han internado en el monte, si quieren salen sino no. Porque no tienen confianza en lo que el Estado pueda hacer. Eso es terrible, eso es preocupante. Porque se pueden originar otros conflictos sociales mucho más grandes que el de Bagua. Porque no olvidemos que no solo fue Bagua lo que ocurrió el 5 de junio. En Pucallpa, en Atalaya, en Yurimaguas ocurrieron otros hechos que felizmente no llegaron a lo que fue Bagua. Solamente en Atalaya alrededor de 5.000 nativos tomaron el aeropuerto, en la Curva del Diablo había 2000 nativos. Imagínate lo que hubiese pasado en Atalaya si hubiesen ordenado desalojar el aeropuerto. Entonces no se ha tomado lección sobre el tema. Es lamentable.
… El Estado a ninguneado como siempre a las comunidades nativas, le ha interesado poco lo que ellos pueden opinar sobre decisiones legislativas…Ellos dieron las normas y se dieron con la sorpresa de que los nativos estaban organizados y se levantaron. O sea no olvidemos que no es solo del año 2009, en el 2008 hubo un paro bastante fuerte. Entonces ahí el gobierno tuvo que retroceder un poco, pero volvió nuevamente a desconocer los acuerdos a los que había arribado con las comunidades nativas y surge la situación de mayo del 2009. No tuvieron ningún interés de consultar con las comunidades nativas estas normas que ciertamente perjudicaban.
Los nativos se sintieron muy ofendidos con este artículo, estos dos artículos que escribió Alan García del perro del hortelano porque eran centralmente dirigidos hacia ellos, que ellos estaban impidiendo el desarrollo del país con estos sus reclamos. Entonces esto digamos grafica al Estado respecto a su relación con las comunidades nativas. Y hasta ahora. Las mesas de dialogo no han tenido ningún efecto, entonces creo yo, no les interesa resolver ese conflicto que hay con las comunidades nativas.
Colectivo Tierra InSurGente
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Fuente: Coordinadora Contra la Impunidad - Perú
