Mario Palacios, presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades afectadas por la Minería- CONACAMI Perú, nos comenta sobre la problemática que envuelve a las comunidades perjudicadas, víctimas de la actividad minera en el país. Las terribles consecuencias que ha tenido para la salud de la gente y su calidad de vida. El desplazamiento, el abandono, la nula voluntad política para resolver los conflictos sociales que origina la actividad extractiva, la destrucción ecológica de comunidades enteras. En suma, la realidad que enfrentan día a día cientos de campesinos y hermanos indígenas que se ven forzados a convivir con las transnacionales mineras ávidas de dinero y poder.
Mario Palacios nos da su opinión sobre la actividad extractiva en general y finalmente nos da un acercamiento acerca de la propuesta de proyecto de vida que conciben las comunidades afectadas por la minería.
En el Perú existen un promedio de 250.000 personas intoxicadas con metales, producto de la actividad minera. Un enorme porcentaje de esta población afectada por la minería no cuenta con atención médica o indemnizaciones por los daños causados, y ninguna respuesta se logra por parte del Estado peruano ante sus constantes demandas.
Muchos niños y niñas (8 de cada 10 niños en el caso de la ciudad de la Oroya-Huancayo) están creciendo con enfermedades irreversibles por la alta contaminación de plomo. Familias enteras conviven enfermas sin poder hacer nada para remediar el daño causado por la prepotencia y la indiferencia de un Estado que ha permitido por muchos años que empresas transnacionales desplacen comunidades enteras, contaminen sus medio ambiente, medios de subsistencia, deterioren la salud de los pobladores, y saqueen sus recursos naturales.
Muchos niños y niñas (8 de cada 10 niños en el caso de la ciudad de la Oroya-Huancayo) están creciendo con enfermedades irreversibles por la alta contaminación de plomo. Familias enteras conviven enfermas sin poder hacer nada para remediar el daño causado por la prepotencia y la indiferencia de un Estado que ha permitido por muchos años que empresas transnacionales desplacen comunidades enteras, contaminen sus medio ambiente, medios de subsistencia, deterioren la salud de los pobladores, y saqueen sus recursos naturales.
Cuando estos pueblos se levantan y luchan por hacer respetar sus derechos, se movilizan y advierten que no permanecerán silentes ante tanto atropello, el Estado responde con balas y bombas lacrimógenas, con persecución y criminalización, haciendo recordar a todos que sólo son algunos los que tienen derechos: los que tienen poder económico.
Las comunidades indígenas y las poblaciones afectadas por la minería se han organizado, y se han rebelado al sometimiento que el Gobierno peruano pretende imponer desde sus políticas nocivas a los derechos humanos. Años de largas luchas han permitido que podamos hoy decir que se han ganado algunas batallas, como fue en el caso de Tambogrande - Piura (2002) que detuvo a la transnacional Manhattan Minerals de continuar con sus planes de desplazar a la mitad de la ciudad para poder explotar su oro. Este caso se convirtió en una inspiración, y como él, existen otros ejemplos con distintos logros cada uno: Ayabaca, Huancabamba (2007), Candarave y Tarata (2008), hasta el más reciente en Islay, provincia arequipeña, donde en 3 distritos más del 96% de la población, después de una consulta vecinal, le gritó a la Southern Copper Corporation que no querían su proyecto minero llamado “Tía María”. Este es un excelente síntoma de la dirección que están eligiendo los pueblos.
“Nosotros consideramos incorrecto que el Estado nos imponga un modelo de ‘desarrollo’ que probablemente desde la perspectiva del Estado sea desarrollo… pero que para las comunidades termina siendo una afectación a nuestras posibilidades de vida.”
Mario Palacios - CONACAMI PERU
Colectivo Tierra InSurGente
