Adriana Rodríguez Salazar
Investigadora Social.
La firma del acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, establece un nuevo hito para la seguridad regional. La presencia de “uniformados norteamericanos” en siete bases militares colombianas, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, constituye un riesgo para el equilibrio de la seguridad de la región. Utilizar la lucha contra las drogas es una apuesta arriesgada de Washington, pues su política está cuestionada por los escasos resultados, en el crecimiento del narcotráfico, la delincuencia organizada, las bandas criminales y del poder de los grupos armados.
La preocupación de los gobiernos de la región se evidenció en la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (28 de agosto del 2009) Aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico, no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura es una oportunidad para avanzar en las reformas a las políticas fracasadas.
Firma de un acuerdo internacional sin consulta ni debate.
Desde que se supo que el gobierno del presidente Correa no daría continuidad al acuerdo de la Base de Manta, se prepara una alternativa que permita la operación de militares norteamericanos en Sudamérica. En el 2008 se mencionaba a la Base de Palanqueros como un punto estratégico que, junto a las bases de Tres Esquinas (en el Caquetá) y Tolemaida (en Cundinamarca) permitirían la presencia militar de uniformados estadounidenses. El acuerdo que ha despertado las alarmas de los países de la región, aunque aún no se conoce, ha sido firmado entre los Estados Unidos y Colombia.
Lo que hasta ahora se sabe es que el acuerdo permitirá el tránsito de militares estadounidenses en siete bases colombianas ubicadas estratégicamente en el país. El mayor acceso y uso se permitirá en las base de Malambo y Cartagena, en el Caribe; Apiay, Tolemaida y Palanquero, en el centro del país; Larandia, en el sur y; Bahía Málaga, en el Pacífico.
La importancia militar de Colombia para EE.UU. BBC Mundo, 2009.
La base de Palanquero es estratégica para establecer la unidad militar más importante en la región, después de haber abandonado el Canal de Panamá. La base destaca por una gran capacidad operativa y tecnológica; tiene la pista más larga del país, es la única con barrera de frenado para aviones que aterrizan a altas velocidades y permite el despegue simultáneo de hasta tres aviones. Por su ubicación permite que los aviones Kfir lleguen en menos de 10 minutos a La Guajira, en la frontera con Venezuela; y al sur del país, en la frontera con Ecuador.
No menos importante es la base que opera en el Pacífico colombiano. Bahía Málaga es una zona estratégica por su equidistancia con Panamá y Ecuador, y es el eje de la salida del país hacia el pacífico como polo de desarrollo del siglo XXI. La alusión de Chávez sobre los intereses de Estados Unidos hacia el Pacífico, no es descabellada, toda vez que la ampliación de mercados es urgente así como la apertura de canales y vías de comunicación para el libre comercio.
Por su importancia, el acuerdo debería debatirse públicamente, puesto que afecta la política internacional del país e incide en la relación con otros países de la región, como quedó demostrado en la reunión extraordinaria de presidentes de Unasur (Bariloche, 28 de agosto 2009). En Colombia no fue sometido al debate del Congreso, ni a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
El acuerdo tiene una vigencia de diez años prorrogables y una inversión para la Base de Palanqueros de cerca de 42 millones de dólares. Según el General Padilla, ministro de defensa colombiano, las fuerzas armadas están en capacidad de ofrecer entrenamiento e instrucción a otros países de la región para “ayudarles en su lucha contra el narcotráfico que hasta ahora inician”. No olvidemos que el objetivo del acuerdo es “fortalecer una cooperación ya existente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo profundizándola en unas áreas específicas”.
El argumento fundamental es fortalecer la política existente contra el narcotráfico, a pesar de los escasos resultados del Plan Colombia y la alta inversión militar que se realizó con la misma justificación: la lucha contra las drogas y el terrorismo. Se estima que dicho plan incrementó en 52% los efectivos de las fuerzas armadas, aumentando además el gasto en defensa y seguridad del 3,5% del PIB en 1999 a 4,23% el 2005.
¿Seguir aplicando una política fracasada en la lucha contra el narcotráfico?
El argumento que sustenta el acuerdo es la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La doctrina de seguridad del Plan Colombia, aplicada con el apoyo del gobierno Bush se repite para justificar las operaciones militares en territorio colombiano. Sin embargo, convendría revisar los resultados de dicha política en cuanto a la reducción de la producción de cocaína en Colombia y en la disminución del narcotráfico.
Aunque en el balance oficial del Plan Colombia se presenta un saldo positivo en la lucha contra las drogas cuando se habla del 60% de descenso en el área cultivada desde su aplicación en 1999; el análisis conjunto de los factores asociados a la producción muestra un resultado diferente. Las mediciones de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito muestran que el área cultivada aumento un 27% durante el último año. En los últimos diez años se incrementó la capacidad de producción, llegando casi a duplicarse al pasar de 350 a 600 toneladas métricas, entre 1997 y el 2007.
Cuadro comparativo de cultivos, fumigaciones y producción de cocaína en Colombia
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Décadas después de la aplicación de la política basada en la tolerancia cero a la producción, Colombia continúa siendo el principal país productor de cocaína, con el 61% de la producción potencial mundial. Aunque en los últimos diez años se han fumigado más de un millón de hectáreas y se han asperjado toneladas de mezcla química de round-up y surfactantes sobre los cultivos de coca, el área cultivada aumento en un 20% entre 1997 y el 2007.
El narcotráfico está lejos de disminuir; por el contrario se diversifica y adapta, en una dinámica similar a la del efecto globo de los cultivos de coca, puesto que una de sus características es su fragmentación y volatilidad. Se pasó de la época de Pablo Escobar y la persecución a los grandes cárteles, en los ochentas y noventa, a la atomización de los grupos que controlan las diferentes fases de transformación y distribución; así como las rutas y corredores estratégicos. El negocio se ha especializado y deslocalizado, siguiendo la lógica del capital, sólo que nutrido por la criminalidad asociada a la ilegalidad de la actividad.
Entre tanto se repite el ciclo de la deforestación, para establecer nuevos cultivos, y las fumigaciones, para erradicarlos; mientras se avanza sobre ecosistemas estratégicos como la Amazonia y el Pacífico Biogeográfico, además de numerosos parques naturales y resguardos indígenas. La población que habita dichos territorios padece los efectos perversos del narcotráfico y de su capacidad para agudizar la violencia.
Uno de los efectos más dramáticos de la violencia es el desplazamiento interno de 4 millones de personas, el segundo país con más desplazados del mundo, después de Sudán. Entre los efectos de este drama se tiene una mayor concentración de la tierra y la integración de zonas campesinas y boscosas a la dinámica económica el neoliberalismo. Esta situación afecta más que a nadie a los pueblos indígenas, quienes abandonan sus territorios ancestrales a medida que avanza la inversión de empresas extractivas y multinacionales atraídas por las políticas de privatización y de liberalización económica.
Según el estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, el poder corruptor y de generador de violencia del narcotráfico se expresa en las altísimas tasas de homicidio y de secuestro de últimos quinquenios, en la crisis humanitaria del desplazamiento, en el fortalecimiento de los grupos armados y en la creación y utilización de otras rentas ilegales que generan más violencia y más crimen[1]. Nuevamente volvemos a la necesidad de revisar la política de drogas y de asumir el debate que permita aplicar otras fórmulas pata resolver el problema del narcotráfico que ha extendido sus redes y rutas a Centroamérica, afectando la seguridad de países como México y Guatemala.
La revisión de la política contra el narcotráfico es perentoria. Desafortunadamente la Conferencia mundial contra las Drogas (Viena, 2009) dio muy pocos avances, entre otras cosas porque aún no se definía la política norteamericana que seguiría el presidente Obama. Al respecto, sería interesante preguntarse si la política de lucha contra las drogas aplicadas en los principales países productores de heroína y cocaína en el mundo - Afganistán y Colombia- es la correcta para resolver los conflictos que viven estos países y que afectan la seguridad de las regiones.
Esta coyuntura puede ser la oportunidad para reformar la política de lucha contra las drogas. El escenario de la Unasur es una oportunidad para discutir y diseñar una estrategia propia para la lucha contra el narcotráfico, a partir de la experiencia y el conocimiento de las comunidades locales, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y sus usos ancestrales, la academia y demás sectores que tienen alternativas para definir una política justa y eficaz contra las drogas.
[1] Alfredo Rangel y otros. La batalla perdida contra las drogas:¿Legalizar es la opción? Fundación Seguridad y democracia; Intermedio Editores Ltda., 2008
