miércoles, 27 de enero de 2010

VIII Congreso Nacional de las Cuencas Cocaleras del Perú


“Por la participación, unidad y fortalecimiento de las Cuencas Cocaleras”

Del 22 al 24 de enero se llevó a cabo en la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia del Padre Abad en la región Ucayali, el VIII Congreso Nacional de la CONPACCP. Tal importante evento político gremial contó con la participación de más de 1.000 asistentes, hermanos cocaleros procedentes tanto de las zonas de Aguaytía, San Alejandro, Von Humbolt, como de las cuencas más alejadas: San Martín, Puno, Trujillo, Selva Central, VRAE, Cuzco y Kcosñipata.


El VIII Congreso cocalero se realizó en medio de un contexto social convulsionado, en medio del incremento de las erradicaciones compulsivas del CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de Coca en el Alto Huallaga) en las zonas de Aucayacu y José Crespo, sumado a ello el paro de transporte interprovincial, sin embargo esto no impidió que el campesino cocalero participe en el VIII Congreso y exponga sus propuestas, planteamientos y debates.


Así pues, uno de los acuerdos más importantes durante el evento fue la conformación de un Partido Político para participar con candidatos propios de la CONPACCP en las elecciones generales del 2016. De igual manera se estableció la tarea de fortalecer la relación dirigencia-bases cocaleras, llamar a la unidad no solo al movimiento cocalero sino a todos los sectores del campesinado a la integración político gremial en general. Esta labor deberá asumirla el nuevo secretario general elegido durante este congreso: el dirigente Walter Acha Romaní del VRAE.


Se acordó que la CONPACCP aumentará el número de candidaturas en alcaldías en las diferentes cuencas cocaleras tomando el ejemplo del VRAE (que actualmente es la cuenca con mayor capacidad organizativa y política, ya que posee la mayor cantidad de dirigentes gremiales en cargos políticos regionales).


Por otro lado se insistió y estableció respetar el “Pacto de Caballeros” -Pacto que consiste en hacer frente a la política de erradicación forzosa mediante la protesta unitaria de todas las cuencas cocaleras-. Dicho pacto tiene sus orígenes en el 2003, sin embargo, debido a una serie de “contextos políticos” no se aplicó cabalmente por todas las cuencas.


Sin duda todos los planteamientos abordados a lo largo del Congreso presentan grandes retos para la organización cocalera, sin embargo, lo que quedó claro en este último Congreso es la voluntad de todas las cuencas por fortalecer o recuperar la fuerza social y política que la CONPACCP poseía en años pasados, a través de ejercicios democráticos como el trabajo político de base, la conformación en partido político, la presentación de una propuesta propia para la lucha contra el narcotráfico a través del proyecto de industrialización de la hoja de coca, la propuesta de un empadronamiento general de todos los agricultores cocaleros, etc.


Evidentemente el movimiento cocalero marcha hacia un fortalecimiento interno, a convertirse en una fuerza política alternativa a nivel nacional, con agenda política propia y candidatos propios, que represente al gran campesinado olvidado pero presente en la vida política de nuestro Perú.


Colectivo Tierra InSurGente





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martes, 26 de enero de 2010

LEGISLACION SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA


LA REFORMA DE LA LEGISLACION SOBRE DROGAS EN AMERICA LATINA



Las políticas antidrogas que se vienen implementando en A. Latina, no han tenido los resultados esperados. Han generado sobre costos en el sistema de justicia penal, el sistema penitenciario y en materia de salud, desarrollo rural y vigencia de los derechos fundamentales. La realidad del VRAE, el hacinamiento de las cárceles y la situación de seguridad en nuestras ciudades, lo confirman. Varios países exploran alternativas que toman distancia frente a las políticas basadas en la represión penal y la amenaza de cárcel, la cual parece no cumplir su objetivo. Estas incluyen tratar el consumo de drogas como tema de salud pública, establecer proporcionalidad entre delito cometido y sentencias dictadas, y priorizar la represión hacia los grandes traficantes.


El Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Transnational Institute (TNI) de los Países Bajos, han convenido en organizar la Conferencia Internacional “Las Reformas en América Latina en la Legislación sobre Drogas”, evento que contará con la participación de reconocidos especialistas y operadores jurídicos de Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Holanda, Estados Unidos y Perú.

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En la noche en el mismo local, el CIDDH, la Comisión Andina de Juristas e Iniciativa Latinoamericana Drogas y Democracia presentaremos el Informe “Drogas y Democracia. Cambiando Paradigmas”, con la participación del Dr. Diego García Sayán y los comentarios de Rodrigo Uprimny (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú) y Anthony Henman (Brasil). Para confirmar su asistencia, sírvase contactar al tel:444-1496, o al correo drogasyddhh@gmail.com


Ver información haciendo click en la siguiente invitación:


Más información: http://www.ciddh.com/es/index.php

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domingo, 17 de enero de 2010

Bagua y el "des-informe" de las causas de la violencia

Mucho se ha cuestionado, y con razón, sobre el “des- informe” de la Comisión Investigadora sobre los Sucesos de Bagua. Que es un informe sesgado porque evade por completo las responsabilidades del Estado en el conflicto amazónico, que el informe califica a los hermanos nativos como un grupo humano manipulable que desarrolla una lucha sin criterio propio, y que además busca responsabilizar políticamente a la oposición para seguir manteniendo la farsa democrática del Gobierno aprista. Por lo tanto se trata de un informe que no cumplió con la finalidad para la que fue creado: comprender los orígenes del conflicto, y que esta comprensión arroje conclusiones que aporten a la solución del problema de fondo: la existencia de un Estado segregador.

Muchos ya sabíamos que la Comisión estaba encaminada al fracaso en la búsqueda de la verdad de los sucesos de Bagua por la fuerte presión del Gobierno aprista, que desde su inicio se ha evidenciado como un Gobierno pro impunidad que ha reafirmado la continuidad de una política de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de toda persona, que ha ratificado su compromiso para con un modelo económico que excluye a las mayorías, es decir, un modelo que se diseñó en contra de la voluntad de los pueblos y a favor de los intereses de unos pocos que quieren el control de todo.

Pero es muy importante hacer una reflexión más profunda sobre las implicancias que ha tenido la continuidad de las políticas represivas como las que García viene aplicando desde que asumió el poder - no olvidemos que Bagua es solo uno de los puntos álgidos de toda una serie de conflictos que el Gobierno y la clase política no ha sabido ni ha querido resolver-, a través de una serie de recursos legislativos.

Con todo esto, es lógico de nuestros hermanos indígenas no se sientan representados, incluidos o considerados por el Estado. Todo lo contrario, se sienten perseguidos, estigmatizados y criminalizados hasta el día de hoy. Y lo más lamentable es ver como se siguen repitiendo las violaciones a los DDHH a vista y paciencia de una clase política hipócrita y mentirosa.

Hace algunos meses, a un año más de la masacre de Putis, en una entrevista a unos hermanos campesinos sobrevivientes se transmitía el sentir de nuestros hermanos que decían: “nosotros no somos nadie para el Estado, no existimos, por eso pasó lo que pasó”. Testimonios similares se pueden empezar a recoger en las zonas del reciente conflicto amazónico.

Muchos dicen que los años de violencia política se acabaron, y si bien es cierto que ya no vivimos lo que pasó a lo largo de esos 25 años de guerra interna, definitivamente las decisiones políticas que hasta hoy se toman nos recuerdan que todavía las causas que originaron ese doloroso conflicto siguen vigentes, lastimando a muchos peruanos y peruanas de diferentes etnias, creencias, condiciones; y que no permiten que la herida sane.

Todo esto hace de suma importancia que agotemos nuestros esfuerzos para que la historia que escribe el Estado con sus malas prácticas día a día no se repita, debemos hacerlo no solo evocando esa frase, sino materializándolo con una lucha incesante y sostenida por una vida más justa, más igualitaria y más digna, por los que dieron y dan su vida por defender sus derechos más fundamentales, en memoria de los que hoy ya no están, y en reconocimiento a los que seguimos en pie.

Colectivo Tierra InSurGente



ENTREVISTA al Dr. Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH:


El Dr. Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH comparte con nosotros su opinión en una entrevista que le hicimos sobre Bagua y las consecuencias del conflicto en la población.

COMISEDH ha sido una de las instituciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos que asumió a pedido de AIDESEP el caso de uno de los dirigentes indígenas procesados por los hechos sucedidos en la curva del diablo, así como de otros nativos en Bagua.

El Dr. Campos es una de las muchas personas que rechaza el informe de la comisión investigadora por considerarlo sesgado y por no mostrar voluntad para señalar a los verdaderos responsables del conflicto del 5 de junio.


¿Dr. Gustavo Campos, cuál sería su balance sobre el informe de la comisión investigadora de los hechos en Bagua?

Bueno creo que muchos coinciden en que es un informe bastante sesgado. Desde el momento en que las dos personas que conocen mejor el tema de los nativos, el coordinador de la mesa y la hermana Gómez Calleja, retiran la firma del informe creo que eso ya da mucha duda. Y finalmente de las conclusiones del informe, las recomendaciones del informe se entiende que el Estado no asume ninguna responsabilidad, sino que traslada la responsabilidad a los propios nativos, a los dirigentes sindicales de la zona, a la iglesia católica y bueno como siempre a los organismos de derechos humanos aquellos que habríamos instigado, que habríamos azuzado a los nativos que, a ellos finalmente los hacen aparecer como si fueran personas manipulables… Entonces nosotros creemos que hay un tema de bastante sesgo político un poco para evitar que la responsabilidad de estos hechos no recaigan sobre los dirigentes políticos de ese entonces, Mercedes Cabanillas, la actual ministra de Economía, Yehude Simons y los mismos generales de la policía que finalmente son quienes son responsables, desde nuestro punto de vista, directos de estos hechos.

¿Desde el 5 de junio hasta la fecha, en el plano legislativo qué cambios ha habido que hayan beneficiado a las comunidades en cuanto a sus demandas desde ese entonces?

Bueno lo único que ha hecho el gobierno después de todos estos hechos es dejar sin efecto dos decretos legislativos que eran los más cuestionados, pero se supone que para discutir y debatir el tema de la legislación que perjudicaba a las comunidades nativas se establecieron estas mesas de diálogo, pero hasta ahora no tenemos el resultado de estas mesas… Ahí para nosotros hay un tema que nos parece crucial que es el tema de la consulta. Eso no se ha tocado mucho, la única institución que ha propuesto una norma para que se discuta el tema de la consulta es la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo ha desarrollado el derecho a la consulta en un proyecto de ley, que no sabemos en qué ha quedado…. Sino se resuelve el tema del derecho a la consulta, creo que vamos a estar en lo mismo. Lamentablemente estamos peor que el 5 de junio, inclusive las normas que han entrado en vigencia, son las normas que dictó Fujimori, que son mucho más complejas que las que han dejado sin efecto. Estas normas han entrado en vigencia mientras se resuelve el problema. Entonces no hay ningún avance, no hay decisión política para resolver este tema. Y yo entiendo que los nativos están muy molestos porque sienten que una vez más como vulgarmente se dice, los están paseando. Como fue antes del 5 de junio. Ojala que no se vuelva a convocar un nuevo paro amazónico ni tengamos las consecuencias que hemos tenido.

Es lamentable que el gobierno no aprenda…

No quiere, no tiene decisión política para resolver esta situación… no tiene interés.

Vamos a la gente, alejándonos de AIDESEP, de las distintas instituciones, organizaciones, hablando de la gente de las zonas… en su imaginario ¿cómo quedan ellos y su relación con el Estado? Nuevamente es nula.

Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos dirigentes nativos que no necesariamente pertenecen a AIDESEP pero sí representan a las comunidades. Ellos se sienten una vez más defraudados. Para ellos el Estado no les hace caso simplemente. Ellos creen que el Estado no los reconoce. Para el Estado no existen las comunidades nativas, salvo cuando hay problemas. Entonces hay un desazón, hay una desconfianza de lo que pueda hacer el Estado nuevamente. Por eso es que muchos nativos que están siendo procesados no se quieren poner a derecho porque no confían en la justicia.

Ahora con la detención del señor Asterio peor aún. Ellos han cerrado toda relación con el mundo occidental, se han internado en el monte, si quieren salen sino no. Porque no tienen confianza en lo que el Estado pueda hacer. Eso es terrible, eso es preocupante. Porque se pueden originar otros conflictos sociales mucho más grandes que el de Bagua. Porque no olvidemos que no solo fue Bagua lo que ocurrió el 5 de junio. En Pucallpa, en Atalaya, en Yurimaguas ocurrieron otros hechos que felizmente no llegaron a lo que fue Bagua. Solamente en Atalaya alrededor de 5.000 nativos tomaron el aeropuerto, en la Curva del Diablo había 2000 nativos. Imagínate lo que hubiese pasado en Atalaya si hubiesen ordenado desalojar el aeropuerto. Entonces no se ha tomado lección sobre el tema. Es lamentable.

… El Estado a ninguneado como siempre a las comunidades nativas, le ha interesado poco lo que ellos pueden opinar sobre decisiones legislativas…Ellos dieron las normas y se dieron con la sorpresa de que los nativos estaban organizados y se levantaron. O sea no olvidemos que no es solo del año 2009, en el 2008 hubo un paro bastante fuerte. Entonces ahí el gobierno tuvo que retroceder un poco, pero volvió nuevamente a desconocer los acuerdos a los que había arribado con las comunidades nativas y surge la situación de mayo del 2009. No tuvieron ningún interés de consultar con las comunidades nativas estas normas que ciertamente perjudicaban.

Los nativos se sintieron muy ofendidos con este artículo, estos dos artículos que escribió Alan García del perro del hortelano porque eran centralmente dirigidos hacia ellos, que ellos estaban impidiendo el desarrollo del país con estos sus reclamos. Entonces esto digamos grafica al Estado respecto a su relación con las comunidades nativas. Y hasta ahora. Las mesas de dialogo no han tenido ningún efecto, entonces creo yo, no les interesa resolver ese conflicto que hay con las comunidades nativas.


Colectivo Tierra InSurGente

martes, 5 de enero de 2010

Conferencia de Prensa: Se ratifica condena de 25 años a Alberto Fujirmori


Corte Suprema ratifica sentencia contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos

Este domingo 3 de enero se realizó una conferencia de prensa con motivo de la ratificación de la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori en segunda instancia. La conferencia se realizo en el local de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y estuvieron presentes familiares del caso Cantuta y Barrios Altos, los abogados que representaron a dichos familiares como: CNDH, IDL, FEDEPAZ, COMISEDH y representantes de organismos internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos - FIDH y la Oficina de Washington para America Latina – WOLA (por sus siglas en inglés) quienes fueron parte del proceso como observadores internacionales, entre otros.

El Dr. Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal – IDL hizo énfasis en mencionar que la presente sentencia es un precedente jurisdiccional histórico para el Perú y el mundo entero que demuestra que los crímenes de poder sí se sancionan como resultado de la fuerza probatoria de cada una de los aportes probatorios. Así mismo recalcó que el abogado Nagasaki ha sido derrotado en su estrategia.
Finalmente como un gesto de conciencia del contexto en el que se consigue justicia en el Peru menciono: “Esperamos que los jueces peruanos no se alejen del marco y el precedente que ha quedado sentado desde esta Sentencia”.

Gisela Ortiz, familiar de Luis Enrique Ortiz Perea (joven estudiante de la Universidad Cantuta, victima del Grupo Colina) expresó: “agradezco a mi hermano, a los 8 estudiantes y al profesor por darnos... fuerza para seguir ya que eso nos ha permitido mantenernos constantes. Esperamos que toda la justicia llegue a todos los familiares y nos comprometemos a seguir manteniendo la solidaridad que nos ha unido a todos los familiares, para unidos alcanzar justicia en todos los casos”.



¿Es posible un indulto a Fujimori?

El Dr. Ronald Gamarra de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDH , señaló que pese a la preocupación de muchos de que García pudiera confabular con el Fujimorismo para poder concederle un indulto a Fujimori luego del indulto a Crusillat, este sería un escenario improbable además de contrario a lo que ha establecido el sistema interamericano de derechos humanos e inclusive la propia legislación local en el sentido de que tratándose de crímenes de lesa humanidad no procede ninguna clase de indulto, o perdón de ninguna naturaleza. “El presidente de la republica podrá tener la potestad de indultar, pero esa potestad tiene sus límites y uno de esos límites esta justamente vinculado a los casos de violaciones a los derechos humanos, dejando intacta su potestad para indultar en cualquier otro caso, no lo puede hacer tratándose de violaciones a los derechos humanos”. – Dr. Ronald Gamarra.

¿El proceso terminó o Fujimori puede seguir apelando?

“La decisión conocida, o emitida hace unas horas por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, pone fin, concluye, culmina, finaliza … Esto está terminado. Como abogado que busca algún resquicio para tratar de dar la idea ante la opinión pública de que el caso no ha terminado, evidentemente se pueden presentar no una sino diez acciones de tipo legal, una de ellas es evidentemente la posibilidad de una acción de amparo. Me imagino que eso intentara la defensa de Alberto Fujimori Fujimori, pero evidentemente no tiene ningún futuro. .. Todos debemos saber cuándo termina un proceso, y cuando recurrimos simplemente a argucias para dar la impresión de que algo no ha terminado cuando nuestro fuero interno sabe perfectamente que el proceso terminó, concluyó”. - Dr. Ronald Gamarra.

¿Entonces… 25 años de prisión?

“La sentencia ratifica que son 25 años de pena privativa de la libertad, ratifica que la pena impuesta debe concluir en el año 2032. Ahora el tema de que haya sido condenado por los crímenes de asesinato y de secuestro deja la posibilidad de un rango de beneficios penitenciarios. Entendemos que el rango superior de beneficios penitenciarios o el más severo es el que corresponde a secuestro agravado que es de un rango de 7 por 1… Eso establece que Fujimori en términos efectivos deberá cumplir por lo menos 2/3 de la pena impuesta, que en términos gruesos es una pena que seguramente se hará efectiva hasta el año 2026”.


"Hay que hacerle un llamado sobre todo al ministro de justicia que es bastante condescendiente con la gente condenada por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos en los años 90, habría que hacerle un llamado para que esa condena sea una condena efectiva y que las disposiciones administrativas y penitenciarias que rigen para cualquier interno del Perú también rijan para con el Sr. Fujimori y que también el local de la DIROES o el penal de la DIROES no siga siendo una suerte de local del fujimorismo de ahora en adelante como lo ha sido hasta el momento". - Dr. Carlos Rivera.

sábado, 2 de enero de 2010

Lo que hay detrás del supuesto atentado a la aereolinea Northwest Airlines: EE.UU otra vez a la carga



Tambores de guerra estadounidenses en Yemen tras el incidente de la línea aérea.


Articulo escrito por Bill Van Auken, publicado en el portal virtual "La Haine".


La intervención militar estadounidense en Yemen se lleva a cabo en apoyo del régimen dictatorial del mariscal Ali Saleh, jefe del Estado durante más de 30 años.

Tras el fallido intento el día de Navidad del joven nigeriano de 23 años Umar Faruk Abdulmutallab de detonar una bomba en el vuelo de Northwest Airlines con destino a Detroit procedente de Ámsterdam, se han intensificado los tambores de guerra a favor de una mayor intervención militar estadounidense en Yemen.


Aunque los altos cargos estadounidenses indicaron inicialmente que creían que el sospechoso había actuado solo y que no tenía relación formal con ninguna organización terrorista, esto no impidió que los principales dirigentes políticos de ambos partidos y la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses plantearan inmediatamente la posibilidad de una guerra en Yemen, donde Abdulmutallab tiene vínculos familiares (su madre es yemení) y donde hay presencia de al-Qaeda.


Posteriormente las noticias de los medios de comunicación citaron a altos cargos estadounidenses sin dar nombres que afirmaban que Abdulmutallab había dicho en los interrogatorios que había asistido a un campamento de al-Qaeda en Yemen, donde una página web que afirmaba hablar en nombre de la organización reivindicó el atentado fallido.
Sea cierta o no la conexión yemení con el incidente, ha demostrado ser muy fortuita para la administración Obama que, de forma paralela a su escalada en Afganistán, ya ha emprendido una intervención militar secreta en el empobrecido país árabe.
Como informaba este lunes el New York Times, “en medio de dos importantes guerras sin terminar, Estados Unidos ha abierto sigilosamente una tercera, en gran parte un frente encubierto contra al-Qaeda en Yemen”.

Citando a altos cargos militares y de la inteligencia estadounidense sin dar nombres, el Times informa de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha enviado “al país a varios de sus operativos de campo de alto nivel con experiencia en contraterrorismo” mientras que “algunos de los más secretos comandos de Operaciones Especiales han empezado a adiestrar a fuerzas de seguridad yemeníes en tácticas contraterroristas”.

Con la administración Obama la ayuda militar estadounidense a Yemen ha ascendido a 70 millones de dólares frente a la prácticamente nula de 2008.


Las noticias sobre las cada vez mayores actividades de operativos de la CIA y comandos de Operaciones Especiales en Yemen siguen a una serie de ataques aéreos estadounidenses encubiertos. El 17 de diciembre aviones de combate estadounidenses que dispararon misiles crucero atacaron lo que los altos cargos de Washington afirmaban eran campos de adiestramiento de al-Qaeda en las provincias de Sana’a y Abyan. Sin embargo, altos cargos en Yemen afirmaron que los ataques habían costado la vida de más de 60 civiles, 28 de ellos niños.
El 24 de diciembre se llevó a cabo un segundo ataque en la remota región de Shabwa contra lo que los altos cargos estadounidenses describían como un encuentro de operativos de al-Qaeda. De nuevo los yemeníes que están en la zona afirmaron que no había habido semejante encuentro.
Altos cargos de la inteligencia estadounidense afirmaron que uno de los objetivos del ataque del 24 de diciembre era Anwar al Awlaki, un clérigo musulmán ciudadano estadounidense nacido en Nuevo México. Aunque Awlaki ha estado relacionado con el mayor del ejército estadounidense Nidal Malik Hasan que el mes pasado fue el autor del tiroteo de Fort Hood, a él mismo no le han acusado de crimen alguno. El intento de llevar a cabo esta ejecución extrajudicial no ha provocado la menor crítica en ninguna sección de los medios de comunicación o de la clase política en Estados Unidos.


Según se ha informado, se han utilizado aviones de guerra estadounidenses junto con una acción militar saudí contra una rebelión interna en la provincia Saada situada al noroeste cerca de la frontera con Arabia Saudí. El objetivo de los ataques es un movimiento armado conocido como los huzíes, del nombre de su ex comandante, que se formó para defender a la población zaydí shia. La población zaydí, grupo dominante en el país hasta 1962, cuando un golpe nasserita derrocó a la monarquía gobernante, ha sido oprimida y discriminada por el actual gobierno.
Los combatientes huzíes acusan a Estados Unidos de haber emprendido unos treinta ataques contra Saada desde el pasado mes de agosto, cuando el régimen yemení emprendió una ofensiva militar denominada “Operación Tierra Chamuscada”.


Los círculos de la política exterior estadounidenses han tratado de presentar la guerra contra los huzíes como una lucha contra la influencia iraní en la región. Al mismo tiempo el régimen yemení ha hecho la improbable afirmación de que el grupo está respaldado por al-Qaeda, que se basa en el fundamentalismo sunní y ha emprendido ataques terroristas contra poblaciones chiíes.
La intervención militar estadounidense en Yemen se está llevando a cabo en apoyo del régimen dictatorial del mariscal de campo Ali Saleh, que ha sido jefe del Estado durante más de treinta años, primero como presidente de Yemen del Norte hasta 1990 y después, tras la unificación posterior a la Guerra Fría, como presidente del país unificado.
Con 23,8 millones de habitantes, Yemen es el país más pobre del mundo árabe. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Más del 40% de los yemeníes están en paro y el 54% son analfabetos.


Además del movimiento huzí en el noroeste del país, el régimen de Saleh se enfrenta a un movimiento separatista en el sur. Ha tratado de sofocar estos movimientos de oposición con extrema brutalidad. Además de llevar a cabo operaciones militares de castigo colectivo que han costado las vidas de miles de civiles y convertido a otras decenas de miles más en refugiados, ha suprimido sistemáticamente a la disidencia política.
El mes pasado el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura publicó un punzante informe sobre ellas condiciones de Yemen en el que se mencionaba “la toma de rehenes e informes de que miembros de una familia fueron secuestrados y detenidos para garantizar que las personas a las que se estaba buscando se entregarían, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.

Según el informe eran comunes “los secuestros y los asesinatos extrajudiciales”, incluido contra menores.
El informe señala que “se ha encarcelado a niños de siete u ocho años, que permanecen con los adultos y con frecuencia sufren abusos”. “También se ha condenado a muerte y ejecutado a niños”.
El informe señala que las fuerzas de seguridad y las autoridades de las cárceles ejercen la tortura con impunidad. Un documento presentado ante el Comité de Naciones Unidas por un grupo de organizaciones de derechos humanos yemení establecía una lista de varios activistas de la oposición que han sido torturados hasta la muerte, al tiempo que describía cómo a los detenidos (niños incluidos) se les golpea con cables, se les quema, se les cuelga de las manos y brazos, se les viola y amenaza con violación.

Éste es el carácter del régimen con el que, según el Times, “la Casa Blanca de Obama está tratando de estrechar lazos duraderos”. El despliegue de comandos de Operaciones Especiales y operativos de la CIA no hará sino intensificar esta represión atroz.

Como dejaba claro el Times, cuanto más ayude Washington en esta represión, más intensa y letal será la represión. “El problema es que la implicación de Estados Unidos crea simpatía por al-Qaeda”, declaró al periódico un funcionario yemení. “La cooperación es necesaria, pero no cabe duda de que tiene un efecto sobre el hombre de la calle. Simpatiza con al-Qaeda”.
De forma similar, Associated Press citó las palabras de Gregory Johnsen, un experto en Yemen de la universidad de Princeton, quien afirmaba que la creciente intervención militar estadounidense en el país “probablemente era contraproducente”. Afirmó que los ataques aéreos y los subsiguientes vídeos y fotografías de mujeres y niños masacrados por los misiles estadounidenses proporcionaban “un campo de reclutamiento a al-Qaeda”.


Estas preocupaciones parecen tener poco peso en Washington o en los medios de comunicación estadounidenses, ya que la administración Obama sigue forjando una tercera guerra de Estados Unidos en las regiones ricas en petróleo que se extienden desde Oriente Medio a Asia Central.
El incidente de Northwest Airlines ha provocado llamamientos a una acción militar más directa por parte tanto de los políticos republicanos como de los demócratas.
El senator Joseph Lieberman, el denominado “demócrata independiente” que dirige el Comité de Seguridad Nacional del Senado, pidió el domingo una intervención militar “preventiva” en Yemen.
“Alguien de nuestro gobierno me dijo ayer en Sana’a, la capital de Yemen, que la guerra de Iraq era una guerra de ayer”, dijo Lieberman en una entrevista para Fox News. “Afganistán es la guerra de hoy. Si no actuamos preventivamente, Yemen será la guerra de mañana. Éste es el peligro al que nos enfrentamos”.
El senador Arlen Specter, un demócrata de Pennsylvania que intervino en el mismo programa, estaba de acuerdo y afirmó que un ataque militare a Yemen es “algo que deberíamos considerar”.


“Yemen es el nuevo FATA, o lo será”, dijo la diputada Jane Harman, una demócrata de California Democrat que pertence al Subcomité de Seguridad Nacional sobre inteligencia. Se refería a las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA en sus siglas en inglés), en las que la CIA y el ejército estadounidense han estado llevando a cabo cada vez más frecuentes ataques con misiles y las tropas de Operaciones Especiales incursiones terrestres.
Como ocurre en cada campaña a favor de la guerra, los medios de comunicación estadounidenses han acatado esta línea. El Washington Post publicó un artículo en portada con el titular “Un grupo de al-Qaeda en Yemen está ganando importancia”.
A pesar de que el artículo del Washington Post reconocía que todavía había que demostrar la afirmación de que al-Qaeda había organizado el atentado fallido, continuaba: “De ser cierta la afirmación, representa ... la aparición de una nueva amenaza importante para Estados Unidos, Oriente Medio y el Cuerno de África”.


Como es habitual, los informativos por cable fueron aún más categóricos y belicosos. “¿Entonces estamos perdiendo el barco ahí?”, preguntó el lunes por la tarde la presentadora de CNN Kyra Philips a un “experto” en contraterrorismo. “Estamos en guerra en Afganistán, estamos en guerra en Iraq. ¿Deberíamos estar en guerra en Yemen?”.


Si Estados Unidos está preparando otra guerra más, esta vez en Yemen, no es para erradicar el terrorismo o proteger a estadounidenses. La afirmación de que estos métodos pueden lograr estos supuestos objetivos se puede usar para justificar la intervención militar estadounidense prácticamente en todas partes desde Pakistán a Somalia, Indonesia, Filipinas y todo Oriente Medio.
El verdadero objetivo del imperialismo estadounidense es imponer su control hegemónico sobre los suministros energéticos estratégicos y los oleoductos y rutas de transporte por barco que lo transportan a las principales potencias del mundo. Yemen controla el estrecho de Bab-el-Mandeb que comunica el Golfo de Adán y el Mar Rojo, y proporciona acceso a la Canal de Suez Canal, un punto de paso vital a través del cual los buques cisterna transportan unos tres millones de barriles de petróleo al día.

La administración Obama llegó al poder con la consigna del “cambio” gracias en gran parte a la hostilidad del pueblo estadounidense hacia las dos guerras emprendidas bajo la presidencia de George W. Bush. Ahora, en vez de acabar estas guerras, la Casa Blanca de Obama continúa la ocupación de Iraq, envía al menos 30.000 soldados estadounidenses más a Afganistán e incluso inicia otra intervención militar estadounidense en Yemen.

Estas acciones militares significarán aumentar la muerte y la destrucción de estos países, un número cada vez mayor de soldados estadounidense muertos y heridos, y la creciente posibilidad de un conflicto mucho mayor y potencialmente global.

La creciente amenaza de una guerra estadounidense en Yemen demuestra la imposibilidad de oponerse al militarismo estadounidense dentro del marco del sistema capitalista de dos partidos. Esta lucha exige una movilización política independiente de la clase trabajadora contra la administración Obama sobre la base de un programa socialista para acabar con el sistema del beneficio que es la fuerza motriz de la guerra imperialista.

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